Bai Antonio, bai guztion artean banatu behar dugu!!!!
No seas como Antonio y Mertxe..... Repartamos la riqueza.... y también los trabajos
DesprekarizaTU!
La precariedad se ha instalado en nuestras vidas, tenemos trabajos precarios pero también vidas precarias. Es hora de recuperar nuestras vidas, de desprecarizamos y para ello es necesario crear alternativas porque la precariedad existe, es cierto, pero hay otras formas de vivir y de convivir, de transformar y construir modelos diferentes a los que nos imponen. El reparto no sólo del empleo sino de los trabajos, la reforma de la fiscalidad y el necesario reparto de la riqueza así como en renta básica universal son alternativas reales y necesarias para acaba con la precariedad a la que pretenden condenarnos.
No seas como MERCHE Y ANTONIO, nosotras no le tenemos miedo a repartir, repartir la riqueza pero también los trabajos.
Trabajar menos para trabajar todas
Desde el comienzo de la revolución industrial la lucha por la reducción de la jornada laboral ha sido una constante para la clase obrera. Ya en 1886, en la famosa huelga de Detroit que rememoramos todos los 1º de Mayo se reivindicaba la semana laboral de 40 horas (8 horas de empleo, 8 de cultura y 8 de descanso) no sólo como reivindicación frente a las extenuantes jornadas laborales sino también como elemento para reapropiarse de una mayor parte de la plusvalía generada por el trabajo (la plusvalía es el valor que la persona asalariada crea por encima de su salario y de la que se apropia gratuitamente el capitalista). En el estado español se reconoció la jornada laboral de 40 horas semanales ya en 1919 (aunque pocas veces se respetaba), casi 100 años después y a pesar de todos los cambios tecnológicos y productivos seguimos teniendo la misma jornada máxima semanal.
Durante las últimas décadas del siglo XX la reivindicación de la jornada laboral de 35 horas fue central en el movimiento sindical europeo y también en el vasco. En aquellos momentos se consiguieron importantes victorias como la regulación de la jornada laboral de 35 horas en Francia o las 35 horas en el sector público en hego Euskal Herria. Esa lucha por la reducción horaria ha sido una constante en la negociación colectiva; sin embargo, la crisis económica que sufrimos ha sido utilizada como excusa por parte de la patronal para provocar un retroceso en la materia.
De hecho, la jornada laboral efectiva media en el estado español ha permanecido prácticamente inamovible en las últimas 3 décadas. Si en el año 1997 la jornada efectiva media era de 39 horas (39,5 hombres y 36,9 mujeres) en el año 2016 está es de 39,5 horas. Si miramos los datos con perspectiva de género encontramos que los hombres dedican al trabajo productivo a día hoy 39,9 horas y las mujeres, debido al mayor impacto de las jornadas reducidas, lo hacen 36,7 horas.
La lucha por la reducción de la jornada laboral no es sólo una lucha a favor de nuestra calidad de vida y de trabajo y a favor de la conciliación de la vida personal y laboral, si no que tiene mucho que ver con el reparto de la riqueza en nuestra sociedad. En todos estos años en los que la jornada laboral ha estado congelada los beneficios empresariales se han multiplicado por 4, mientras que en términos reales nuestros salarios han perdido un 8% de poder adquisitivo. Esto significa que la tasa de explotación capitalista se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas. Dicho de otra manera, el empresariado gana hoy mucho más por cada hora de trabajo de cada una de nosotras de lo que hacía antes.
Una reducción de jornada sin reducción de salario hasta las 35 horas nos permitiría un ahorro de en torno a 5 millones de horas posibilitando la incorporación al mercado laboral de más de 140.000 personas. En la práctica podríamos absorber casi todo el desempleo que tenemos.
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Fiscalidad, una herramienta imprescindible
En las últimas décadas el poder político y económico viene insistiendo en la necesidad de una reducción de la presión fiscal como medida incuestionable para el crecimiento económico. Al principio, fueron las corrientes más conservadoras las que impulsaban esta premisa sin embargo, en los últimos años, se han sumado a esta medida ideologías autodenominadas como progresistas.
Lo que no dicen o intentan ocultar, son las consecuencias de esta reducción fiscal. El capitalismo lleva años propugnado el vaciamiento del estado de bienestar e impulsando la iniciativa privada en sectores claves para cualquier sociedad (sanidad, educación, pensiones, etc.)Y es, precisamente este hecho el que busca el poder político y económico con la reducción de los impuestos: la desaparición de los servicios públicos actuales.
Por esta razón es necesario cambiar la visión social que actualmente existe sobre el pago de impuestos. La fiscalidad debe servir como una herramienta de redistribución de la riqueza existente, debe servir para tener una educación y una sanidad pública de calidad, para mantener unas pensiones dignas, para generar unas infraestructuras al servicio de la ciudadanía, etc. Porque quien propone la reducción de impuestos seguro que no tendrá problemas económicos para acceder a estos servicios en la iniciativa privada.
No es casualidad que los países más avanzados socialmente tengan una presión considerablemente más alta que la del estado español y la de Euskal Herria. Según los últimos datos editados por la UE referenciados al año 2012 la presión fiscal respecto al PIB deja en muy mal lugar al estado español con un 32,5% frente al 39,4% de Dinamarca o el 39,4% de media de la UE.
Igualmente, cabe reseñar el importante fraude fiscal existente que según el sindicato de técnicos de hacienda asciende a cerca de 60.000 millones de euros. Fraude fiscal que llevan a cabo mayoritariamente las grandes fortunas y las grandes empresas.
Si unimos estos dos datos cabría preguntarse si con una política fiscal justa y progresiva hubieran sido necesarios los recortes en derechos sociales y laborales que hemos sufrido los últimos años.
Considerando esta situación, es necesario que se dé un vuelco a la política fiscal que se está desarrollando en los últimos años. Hay que dejar de considerar la fiscalidad como una carga y considerarla como una herramienta tan útil como imprescindible para redistribuir la riqueza y sostener el estado de bienestar.
A día de hoy la clase trabajadora pone el 75% de la recaudación, mientras las empresas exclusivamente el 25%, no se puede permitir una fiscalidad que sea esclava de los intereses de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Es necesario poner la fiscalidad al servicio de la ciudadanía, porque de esta manera lo que hoy algunas personas ven como una carga pasará a ser una alternativa real a la precariedad a la que quieren condenarnos
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Renta Básica Universal, una buena alternativa
Cuando hablamos de la RB como alternativa a la precariedad lo primero que debemos hacer es aclarar de qué estamos hablando. La RB que proponemos tendría carácter universal, es decir, podría acceder como derecho subjetivo a ella toda la ciudadanía, con sólo dos condiciones: un periodo mínimo de residencia que permitiera delimitar las personas que son ciudadanas residentes y quienes transeúntes y la edad, en el sentido de que quienes tuvieran menos de 18 años cobrarían el 20% de la RB de las personas de más de 18.
El importe de RBU para mayores de 18 años estaría establecido en 650 € mensuales repartido en 12 pagos anuales y para las personas menores de edad 130 € mensuales (salvo que estuvieran independizadas de sus familias).
Esta RB se financiaría a través de una reforma radical del IRPF basada en tres premisas:
1. La eliminación de todos los beneficios fiscales actuales (reducciones de la base imponible y deducciones de la cuota del impuesto), que suponen un tercio de lo que se recauda por el IRPF.
2. la consideración de la RB como único concepto exento de tributación
3. El establecimiento de un tipo único de tributación de en torno al 49%.
Evidentemente es más fácil definir la RB que la precariedad que es diversa. Por eso debemos abstraer lo que de común tienen todas las formas de precariedad, que es ladependencia de unos ingresos que nos proporcionan personas ajenas a cambio de disponer de nuestro tiempo.
Aunque la precariedad parece que siempre está relacionada con las condiciones laborales, en realidad es un bucle de la vida social. Quien se ve constreñido a desenvolverse en condiciones sociales que le provocan una vida precaria, será quien se verá obligado a desempeñar empleos precarios, los cuales, a su vez le seguirá encerrando en su precariedad social.
Contar con una RBU no garantiza acabar con la precariedad. Sin embargo, lo que sí permitiría una RBU a la hora de poner freno a la precariedad, es que la gente contara con unos ingresos que le permitieran existir, sin tener que vender obligatoriamente su tiempo a otros para garantizar dicha existencia.
A partir de ese nivel de subsistencia cada cual haría con su tiempo lo que quisiera. Habría quienes buscarían un empleo para tener mayores ingresos y así poder acceder a mayores niveles de consumo y habría quienes se dedicaran a desarrollar proyectos vitales autónomos, en los que la precariedad de la que estamos hablando, habría desaparecido de su horizonte vital. Por supuesto que, seguiríamos siendo seres que necesitaríamos de los cuidados de otras personas, sobre todo dependiendo del momento en que nos encontráramos (infancia, vejez, enfermedad). Esa dependencia, también puede remitir a la idea de la precariedad, pero en absoluto implica la precariedad que dicta el sistema capitalista en el que vivimos, sino la precariedad consustancial con nuestra humanidad o mejor con nuestra animalidad.
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Gestionar los cuidados
La manera en la que se está tratando la gestión de los cuidados esta precarizando aun más si cabe, la situación de las personas.
Este desinterés totalmente intencionado de los poderes públicos respecto al cuidado, nos ha llevado a normalizar, salvo en casos extremos como pueden ser en casos de enfermedad grave, o en etapas tempranas de nuestras vidas, que estos cuidados deben de ser desarrollados en el entorno familiar y ser ésta la responsable (principio básico del capitalismo).
Por este motivo el sindicalismo actual tiene que hacer frente a este reto, teniendo por un lado que hacer una profunda reflexión de la inclusión al sistema de protección social de nuevos“métodos de cuidados” y por otro lado, aunque no desligado se tiene que denunciar todas las situaciones irregulares que se den en el sector de empleo de hogar y del trabajo no remunerado que siguen realizando las mujeres, para no seguir reproduciendo roles, que llevan a este colectivo a la precariedad.
Pero también desde el conjunto de la sociedad, estamos en la obligación de hacer oír este problema que antes o después. en mayor o menor grado, nos afecta o nos va a afectar, y ser consientes de que estamos en la obligación, con la ayuda o no de los poderes públicos de crear iniciativas para que el cuidado se gestione de manera diferente, donde no prime la individualidad (una trabajadora por casa o persona con necesidad de cuidado) sino, que creemos una red de cuidados donde las personas estemos atendidas con unos servicios de calidad como ya se está haciendo en otros países, donde las guarderías, centros de día… son tan comunes como aquí los bares, donde hay una amplia gama de servicios y donde prime lo colectivo y los poderes públicos con nuestra presión tendrán que hacerse cargo de esto.
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